El envejecimiento en España tiene rostro de mujer

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El envejecimiento de la población en España se intensifica cada año que pasa y nuestro país no sólo destaca por ser uno de los países europeos más envejecidos de Europa, sino además por ser uno de los países en los que este proceso tiene claramente rostro de mujer.

Esta es una de las principales cuestiones del Observatorio Social de las personas mayores para un envejecimiento activo, elaborado por la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, en colaboración con la Fundación 1º de Mayo, un documento que analiza el envejecimiento de la población, los cambios demográficos que ha experimentado la sociedad española recientemente y su repercusión en las pensiones.

De forma concreta, el perfil de las personas mayores en España estaría representado por el de “una mujer mayor de edad avanzada que vive sola en el pueblo. Este perfil indica que las mujeres son la mayor parte de las personas mayores y al mismo tiempo las más longevas. Ellas son las que se enfrentan a brechas en diversos ámbitos (trayectorias laborales y salarios, carreras de cotización, pensiones, cuantías, etc.) derivadas del desigual reparto de los cuidados y del trabajo remunerado. Además, señala que la mayor parte de las personas mayores viven solas, lo cual alerta de las posibles consecuencias negativas de la soledad involuntaria y muestra cómo el envejecimiento es cada vez más intenso en el mundo rural, señalando las necesidades crecientes de las personas mayores en este ámbito.

Y es que el envejecimiento supone un importante reto que se debe abordar desde el punto de vista de las políticas públicas y el Estado de Bienestar, y que será preciso seguir atendiendo en las próximas décadas, pues las estimaciones realizadas apuntan a la profundización del envejecimiento de la población.

Esto supondrá, entre otras cosas, romper con muchos de los estereotipos sobre las personas mayores todavía existentes en la sociedad. “Todas las personas envejecemos y no por ello todas enfermamos de la misma forma, ni dejamos de ser activas, ni somos necesariamente dependientes. De hecho, es preciso remarcar que las personas mayores forman un colectivo heterogéneo, en el que se integran diversas trayectorias vitales y contextos sociales. Como se ha podido apreciar, existen diferencias por género, por hogar y número de personas con las que se convive, por tamaño del municipio, por nivel de gastos del hogar, por recursos materiales disponibles, etc.”, destacan los autores de este informe.

Desde una perspectiva integral, las políticas públicas deberían atender de forma adecuada a esta diversa realidad de cara a garantizar la igualdad de oportunidades de las personas mayores, consiguiendo una mayor justicia social. Y para ello es necesario abordar las diferencias territoriales existentes, así como la desigual cobertura de servicios y recursos públicos destinados a las personas mayores.

Y es que, debido a la edad, las personas mayores muestran una mayor incidencia de las enfermedades crónicas, así como de las privaciones sobrevenidas (como por ejemplo el daño cerebral adquirido). “El periodo de recortes presupuestarios ha significado un aumento del gasto sanitario de los hogares de las personas mayores. Esto revela que lo que se ha dejado de financiar (y proteger) por el sistema público de forma colectiva ha sido asumido de forma individual por parte de los hogares. Por esta razón, es más necesario que nunca reforzar los recursos y servicios públicos sanitarios, para que las personas mayores estén atendidas y no vean mermada su salud”, se indica en este documento.

Otra de las cuestiones abordadas es la atención de la dependencia, destacando que, aunque ha aumentado su nivel de cobertura en el último año, todavía queda mucho camino por recorrer. En este sentido, “es particularmente necesario agilizar el proceso de valoración y eliminar las listas de espera. La espera continuada de las prestaciones deriva en muchas ocasiones en la imposibilidad del ejercicio de este derecho subjetivo”.

Los servicios sociales también han recuperado el ritmo de crecimiento en el último periodo, aunque se apunta un aumento de las aportaciones de los hogares, lo cual muestra nuevamente que los recortes presupuestarios en servicios públicos redunda en mayores costes para los hogares.

Respecto a las pensiones, elemento central de las políticas de protección social, la no revalorización de las mismas en un contexto de encarecimiento de los bienes y servicios básicos genera la pérdida de la capacidad de compra y la disminución de los recursos de los hogares de las personas mayores, advierten los autores del informe. Las intensas movilizaciones de los últimos meses han puesto de manifiesto la importancia que tienen las pensiones en el conjunto de la sociedad. “De forma transversal, estas movilizaciones nos han recordado el carácter intergeneracional del sistema de pensiones como instrumento de garantía de rentas. Y han provocado cambios significativos en el sistema de revalorización de las pensiones con una mayor vinculación a la dinámica de los precios”.

Además de revalorizar las pensiones y garantizar su poder adquisitivo en el tiempo, se advierte que es necesario continuar dando pasos para fortalecer el sistema de pensiones de hoy y del futuro“Esto supone llevar a cabo actuaciones en diversos ámbitos, como la mejora de la calidad del empleo y los salarios, el aumento de los ingresos por cotizaciones o el mantenimiento y la mejora de la suficiencia de las prestaciones”. La insuficiente revalorización de las pensiones de los últimos años explica, entre otros factores, el aumento del riesgo de pobreza de la población mayor.

En este sentido, frente a los recortes de los últimos años, es necesario plantear políticas presupuestarias centradas en los ingresos“Existe un amplio margen para mejorar la contribución fiscal en todos los tributos, así como para conseguir un sistema fiscal más justo, en el que haya un reparto más equilibrado de los esfuerzos. No se puede hacer cargar los costes de la crisis y la recuperación económica sobre los sectores más vulnerables de la sociedad, tal y como se pretendía con los y las pensionistas”.

En este sentido, las políticas públicas deben, “por el contrario, proveer de recursos y servicios públicos suficientes para atender a las personas a lo largo de las distintas etapas de la vida, pues son en último término la garantía del ejercicio de los derechos sociales”.

En definitiva, el Observatorio Social de las personas mayores para un envejecimiento activoconcluye que la realidad de las personas mayores requiere de políticas públicas desde una perspectiva integral que luche contra las desigualdades. La brecha de género en el sistema de pensiones requiere abordar las diferencias salariales de mujeres y hombres en el empleo, así como en el reparto de los cuidados y en el trabajo no remunerado. Las desigualdades económicas y sociales experimentadas a lo largo de la vida no deben trasladarse a la vejez. “Reducir estas desigualdades es, a día de hoy, uno de los principales retos de las políticas públicas que son, en último término, garantía necesaria para que nadie se quede atrás.

Fuente:geriatricarea

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