Envejecimiento y pensiones

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Por Pablo Antolín-Nicolás, Dirección de Asuntos financieros y Empresariales de la OCDE

Los sistemas de pensiones tienen ante sí retos decisivos y de largo alcance debido a las tendencias demográficas, los efectos continuos de la crisis, así como el bajo crecimiento, la baja rentabilidad y escasos rendimientos. De ahí que cumplir con los compromisos en materia de pensiones y contar con pensiones adecuadas puede convertirse en un gran desafío. En el informe de la OCDE Pensions Outlook 2014 (“Perspectivas de las pensiones en la OCDE 2014”) se hace un recuento de las formas en que los países están afrontando esos desafíos, incluido el desafío demográfico.
El envejecimiento deriva de la disminución en las tasas de fecundidad y, sobre todo, del aumento en la esperanza de vida, que provoca un incremento en la edad promedio de la población. El impacto del envejecimiento de la población en las pensiones puede dividirse en la “explosión demográfica”, que es un factor temporal, y las mejoras en la mortalidad y la esperanza de vida, que constituyen un factor más permanente. Una vez desaparecidas las generaciones de la “explosión demográfica”, también desaparece su impacto. No obstante, las mejoras en la mortalidad y la esperanza de vida llegaron para quedarse.
Dado que a la mayoría de las personas les parece bien vivir más tiempo, conviene prepararse para ello. Un aumento en la esperanza de vida mientras se mantiene constante el número de años de ahorro para la jubilación implica que se reduce el cociente entre los años de hacer aportaciones para la jubilación y los años ya como jubilado. Por ende, la misma cantidad de ahorro tendrá que financiar más años y, a menos que alguien asuma ese costo (por ejemplo, los gobiernos por medio de pensiones públicas de beneficios definidos o las empresas mediante fondos de pensiones de beneficios definidos), las personas dispondrán de pensiones anuales menores, aun cuando permanezca constante la suma de todos los pagos por pensión durante la jubilación.
Si los gobiernos y/o los empleadores asumieran el costo adicional de jubilaciones con más años de duración en comparación con los años en que se ahorra para el retiro, podrían tener problemas de solvencia o sostenibilidad fiscal. Si las personas acumulan activos para financiar su jubilación en planes de pensión de contribuciones definidas se presentará un problema de suficiencia y corren el riesgo de vivir más.

Si contrataran una póliza de rentas vitalicias, el riesgo se trasladaría al proveedor de estas.
Por tanto, como se señala en el Pensions Outlook 2014, el envejecimiento de la población y, en especial, las mejoras continuas en la mortalidad y la esperanza de vida, generan problemas de suficiencia en las pensiones de contribuciones definidas, problemas de solvencia en los fondos de pensiones de beneficios definidos y problemas de sostenibilidad financiera en las pensiones públicas financiadas mediante sistemas de reparto.
En Pensions Outlook 2014 se observa que la mejor manera de afrontar tales desafíos es realizar mayores aportaciones durante más tiempo, sobre todo si se pospone la jubilación a medida que aumenta la esperanza de vida. La forma de solucionar los problemas derivados de las mejoras en la esperanza de vida es mantener constante la relación entre los años de ahorro para el retiro y los años en jubilación, aumentando los periodos de aportaciones conforme aumenta la esperanza de vida; o bien, incrementar las aportaciones en general. ¿Qué hacen los países al respecto? Muchos han respondido al dilema que plantea el envejecimiento de la población elevando la edad legal mínima de jubilación. Otros han vinculado la edad de jubilación a la esperanza de vida.
Sin embargo, la equidad de esta solución es cuestionable si pensamos más allá del promedio. Las ganancias en la esperanza de vida no necesariamente se han distribuido de manera igualitaria en la sociedad. Por ejemplo, un ejecutivo cualificado puede tener la expectativa de gozar casi cuatro años más ya jubilado que un obrero; esto si se supone que la jubilación comenzara a los 65 años de edad. La desigualdad se vuelve más evidente si se considera el periodo previo al retiro. El obrero no solo ha de esperar recibir su pensión durante menos años, sino que también debe hacer aportaciones al sistema desde una edad más temprana, ya que con toda probabilidad un trabajador altamente cualificado dedicó varios años a la educación superior y empezó a laborar después. Dado que para ambos se estipula la misma edad de jubilación, el trabajador poco cualificado cotiza relativamente más al sistema para recibir una pensión durante un periodo de tiempo menor.

Por consiguiente, podría resultar regresivo vincular mecánicamente la edad de jubilación a aumentos en la esperanza de vida de forma generalizada. La esperanza de vida, las mejoras en esta y la edad de ingreso al mercado laboral no son homogéneas en toda la población, sino que varían entre los diferentes grupos socioeconómicos (por ejemplo, grupos poco cualificados, grupos de ingresos bajos). De modo que quizá la mejor estrategia consista en vincular el número de años de aportaciones a la esperanza de vida. Por desgracia, los datos que se necesitan para ello no están disponibles en todos los países y quizá no sea sencillo aplicarlos entre los diferentes grupos socioeconómicos. El problema se agrava por la incertidumbre respecto a mejoras futuras en la mortalidad y la esperanza de vida. Las mejoras podrían mantenerse como en el pasado, tal vez se aceleren o se desaceleren. Las mejoras varían entre los diferentes subgrupos demográficos; podrían converger o divergir más.
En los planes de pensión de contribuciones definidas, las personas corren el riesgo de que sus recursos no les alcancen en la vejez. Sin embargo, pueden asegurarse contra ese riesgo de longevidad al trasladarlo a proveedores de rentas vitalicias, por ejemplo, compañías aseguradoras, como se mencionó. La Roadmap for the Good Design of DC Pension Plans (“Guía para el buen diseño de planes de pensión de contribuciones definidas”) de la OCDE recomienda un esquema parcial predeterminado de rentas vitalicias para protegerse del riesgo de longevidad. En los planes de pensiones de beneficios definidos (por ejemplo, pensiones públicas financiadas mediante sistemas de reparto o fondos de pensiones), el gobierno, los fondos de pensiones o las empresas asumen el riesgo de longevidad.
Los fondos de pensiones y los proveedores de rentas vitalicias requieren instrumentos financieros para mitigar el riesgo de longevidad. En el trabajo de la OCDE sobre Mortality Assumptions and Longevity Risk (“Supuestos sobre mortalidad y riesgo de longevidad”) se estudia el riesgo de longevidad al que estarían expuestos los fondos de pensiones y los proveedores de rentas vitalicias mediante una revisión de las tablas de mortalidad (regulatorias) que se utilizan para proyectar mejoras a futuro en la mortalidad y la esperanza de vida, y de esa manera tener la capacidad de cumplir con sus compromisos en materia de pensiones. Este trabajo de la OCDE también analiza diversas estrategias para que los fondos de pensiones y proveedores de rentas vitalicias manejen el riesgo de longevidad.
El primer paso consiste en reconocer la existencia del riesgo de longevidad y adoptar las medidas consecuentes. Para ello, los reguladores y los formuladores de políticas deben cerciorarse de que los fondos de pensiones y los proveedores de rentas vitalicias empleen con regularidad tablas de mortalidad actualizadas que incorporen las mejoras futuras en la mortalidad y la esperanza de vida. Aunado a lo anterior, dichas tablas deben basarse en la experiencia de mortalidad de la población pertinente.
El marco regulatorio también podría ayudar a asegurar que los mercados de capitales ofrezcan capacidad adicional para mitigar el riesgo de longevidad, por ejemplo al reconocer que hay una disminución en la exposición al riesgo si se utilizan instrumentos financieros indizados para cubrir el riesgo de longevidad, y al publicar un índice de longevidad que sirva como parámetro para la fijación de precios y la evaluación de riesgo de las coberturas de longevidad, lo que mejorará la estandarización, transparencia y liquidez de estos mercados.
Si bien podría considerarse la emisión de un bono de longevidad indizado, hay que actuar con cuidado. Quizá sea útil para impulsar el mercado de instrumentos de cobertura de longevidad, pues ofrecería estandarización, un parámetro para la fijación de precios y liquidez, pero también aumentaría sustancialmente la exposición del gobierno al riesgo de longevidad, en un momento en que muchos gobiernos ya están expuestos de manera significativa en sus balances contables.
La demanda de protección contra el riesgo de longevidad aumentará solo en la medida en que se espera que las personas vivan más y es preciso asegurar la sostenibilidad de los fondos de pensión y las rentas vitalicias que brinden dicha protección a los individuos. Es fundamental tomar medidas suficientes en relación con la longevidad, con el fin de garantizar que se cumpla con los pagos futuros; la capacidad de los proveedores para gestionar y mitigar este riesgo es permitirá seguir ofreciendo protección en el futuro.

Enlaces útiles Artículo original: Antolín-Nicolás, P. (2015), “Ageing and pensions”, OECD Insights blog, http://wp.me/p2v6oD-24C.
OECD (2014), Mortality Assumptions and Longevity Risk: Implications for Pension Funds and Annuity Providers, OECD Publishing, París, http://dx.doi. org/10.1787/9789264222748-en.
OECD (2014), OECD Pensions Outlook 2014, OECD Publishing, París, http:// dx.doi.org/10.1787/9789264222687-en.
Véase también: The OECD Roadmap for the Good

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